MATILDE LARA

El derecho de las mujeres a adquirir una vivienda como una forma de empoderamiento en México

1. Introducción

 

En México, el acceso a una vivienda propia para las mujeres no solo representa un derecho humano fundamental, sino también una vía transformadora para enfrentar la desigualdad de género y construir un camino hacia el empoderamiento económico, social y emocional. Este artículo parte de la premisa de que garantizar a las mujeres el derecho a adquirir una vivienda propia puede desmantelar estructuras patriarcales profundamente arraigadas que las han confinado a roles de dependencia económica y emocional, perpetuando la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Desde esta perspectiva, se aborda cómo la adquisición de una vivienda puede ser mucho más que un objetivo patrimonial: se convierte en un acto de resistencia y en una herramienta para redefinir la autonomía femenina en un país marcado por desigualdades estructurales.

 

El desarrollo del presente análisis se centra en cinco ejes fundamentales. Primero, se examina la persistente violencia de género en México, destacando cómo esta problemática se entrelaza con otras formas de desigualdad, lo que incluye la violencia económica y patrimonial, un fenómeno invisibilizado que priva a las mujeres del acceso a recursos esenciales como la vivienda. Este artículo argumenta que la normalización de estas dinámicas no solo perpetúa la desigualdad, sino que refuerza una narrativa cultural que desvaloriza las contribuciones no económicas de las mujeres al bienestar familiar y social. En segundo lugar, se aborda el problema del amor romántico como una narrativa histórica que ha condicionado a las mujeres a aceptar relaciones desiguales en nombre de la estabilidad material y emocional. Esta idealización del amor perpetúa ciclos de dependencia que restringen la capacidad de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre su patrimonio y su vida.

 

Posteriormente, el artículo explora las ventajas y beneficios de garantizar a las mujeres el acceso a una vivienda propia como un paso esencial hacia el empoderamiento. Más allá de ser un refugio físico, la vivienda se plantea como un símbolo de seguridad y reconstrucción personal, un espacio donde las mujeres pueden romper con ciclos de violencia y construir un futuro basado en sus propias aspiraciones. Se analizan ejemplos prácticos y datos relevantes que evidencian cómo la seguridad habitacional contribuye al desarrollo económico y social, no solo de las mujeres, sino de sus familias y comunidades.

 

Finalmente, se examina la importancia de promover esquemas de copropiedad y nuevos modelos habitacionales inclusivos. En este apartado, se plantea como iniciativas como "Unamos Créditos" del Infonavit han comenzado a abrir oportunidades para que las mujeres, incluso en condiciones de vulnerabilidad, accedan a la vivienda. No obstante, el artículo subraya la necesidad de ampliar estas políticas públicas, incorporando enfoques más integrales que aborden las barreras estructurales y culturales que limitan la participación de las mujeres en el mercado inmobiliario. Entre las propuestas se incluye la implementación de programas de financiamiento accesibles, la promoción de la copropiedad en zonas urbanas consolidadas y la integración de servicios de asesoría legal y educación financiera diseñados específicamente para mujeres.

 

A través de un enfoque metodológico basado en el análisis crítico de datos, marcos jurídicos y estudios de caso, este artículo propone políticas públicas concretas que trascienden el diagnóstico y buscan ofrecer soluciones viables y sostenibles. Desde la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta la creación de programas nacionales de vivienda dirigidos a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad, se plantean estrategias que buscan no solo proteger, sino también empoderar a las mujeres como agentes activas de cambio. El análisis concluye que garantizar a las mujeres el acceso a una vivienda no es únicamente una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para transformar la narrativa de género en México, e impulsar un modelo de sociedad donde la equidad y la autonomía sean derechos tangibles para todas.

 

2. La violencia de género en México

 

La violencia de género es una de las violaciones más persistentes y menos visibilizadas de los derechos humanos en México “Ser es ser percibido” (Lomelí 2011, X). Esta problemática se intensifica en el contexto del divorcio, donde muchas mujeres que han sido víctimas de violencia se enfrentan a desalojos forzosos del hogar conyugal, una acción que las despoja no solo de un espacio físico, sino también de su seguridad emocional, económica y social. Este artículo aborda esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género, proponiendo una política pública integral que brinde protección efectiva a las mujeres en estos escenarios. Además, quiero decir que no solo a las mujeres las corren de la casa que no es jurídicamente de ellas, hay ocasiones que ellas son las propietarias de los inmuebles y por temor a estar solas son capaces de mantener al esposo con tal de no vivir en la soledad y seguir los estándares sociales que marca la familia. Mi madre siempre me aseguro que había 2 formas de amarse: el amor de aquellos que se tomaban de la mano y emprendían el duro ascenso de una montaña, o el amor de aquellos que se tomaban de la mano y se arrojaban montaña abajo. (Lomelí 2011, 51).

 

Históricamente, el acceso a la vivienda en México ha estado condicionado por roles de género que relegaron a las mujeres a una posición de desventaja. Durante mucho tiempo, las estructuras patriarcales asociaron la posesión de bienes inmuebles con el hombre como proveedor principal, en el que se dejaba a las mujeres en un estado de dependencia económica y jurídica. Aunque la Constitución Mexicana y diversos marcos legales promueven la igualdad de género, las cifras revelan una realidad alarmante: según datos del INEGI, solo el 33% de las propiedades urbanas en el país están a nombre de mujeres. Esta disparidad no solo refleja desigualdad económica, sino que también limita las oportunidades de las mujeres para desarrollar su autonomía.

 

Entre las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la vivienda destaca la brecha salarial de género. En promedio, las mujeres mexicanas ganan un 14% menos que los hombres, una diferencia que impacta directamente su capacidad de ahorro y acceso a créditos hipotecarios. Además, muchas mujeres trabajan en el sector informal, lo que dificulta aún más su acceso a financiamientos formales. Esta situación se agrava por la falta de educación financiera, ya que muchas mujeres desconocen las herramientas disponibles para adquirir una vivienda, como los esquemas de Infonavit o Fovissste. La violencia económica también juega un papel crucial, al limitar su capacidad para administrar recursos propios y perpetuando el control sobre su desarrollo patrimonial.

 

A estas barreras estructurales se suman los desafíos culturales. Los estereotipos de género aún persisten, se asocia la propiedad de bienes inmuebles con los hombres y deslegitima la necesidad de que una mujer, especialmente si es soltera, adquiera una vivienda. Esta percepción limita no solo las aspiraciones de las mujeres, sino también su capacidad para participar en el mercado inmobiliario en igualdad de condiciones.

 

El acceso a la vivienda tiene un potencial transformador para las mujeres, convirtiéndose en una herramienta de empoderamiento personal y colectivo. Contar con una vivienda propia no solo proporciona un espacio de seguridad y estabilidad, sino que también fortalece la autoestima y la autonomía de las mujeres. Además, la vivienda puede ser un recurso crucial para proteger a las mujeres que enfrentan violencia doméstica, ofreciéndoles un refugio seguro y la posibilidad de romper con ciclos de abuso. Desde una perspectiva intergeneracional, la propiedad de bienes inmuebles permite a las mujeres construir un patrimonio que beneficie a sus familias y contribuya al desarrollo económico del país.

 

Para garantizar que las mujeres en México puedan acceder a la vivienda como una forma de empoderamiento, es imprescindible adoptar una perspectiva integral que aborde tanto las barreras estructurales como las culturales. Desde el ámbito legislativo, se requiere la implementación de políticas públicas inclusivas que prioricen a las mujeres en los programas de acceso a la vivienda. Iniciativas como tasas preferenciales en créditos hipotecarios para mujeres, programas de financiamiento específicos para madres solteras y trabajadoras informales, y la promoción de proyectos de vivienda cooperativa son pasos necesarios para cerrar la brecha de desigualdad.

 

Asimismo, es esencial promover la educación financiera como una herramienta clave para empoderar a las mujeres. La organización de talleres y campañas informativas sobre ahorro, inversión y financiamiento puede equipar a las mujeres con las herramientas necesarias para participar activamente en el mercado inmobiliario. Paralelamente, se deben reforzar las leyes contra la violencia económica y garantizar el acceso igualitario a recursos patrimoniales en casos de divorcio o herencia.

 

Es importante también reconocer el papel del sector privado en la promoción de la igualdad en el acceso a la vivienda. Las instituciones bancarias y las desarrolladoras inmobiliarias pueden colaborar con el gobierno y organizaciones civiles para crear productos financieros accesibles para mujeres, eliminar prácticas discriminatorias en la concesión de créditos y fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre vivienda.

 

Existen ejemplos inspiradores en México y el mundo que demuestran el poder transformador de estas acciones. Cooperativas femeninas en Oaxaca, donde grupos de mujeres se organizan para adquirir terrenos y construir viviendas, y programas de financiamiento en Yucatán dirigidos a mujeres mayas son muestras de cómo la colaboración y la inclusión pueden cambiar vidas. Estas iniciativas no solo mejoran las condiciones de vida de las mujeres, sino que también fortalecen el tejido social y económico de las comunidades. “Pero no sólo comparten conocimiento también lo crean, lo organizan, lo revisan y transfieren estos avances entre los miembros de la comunidad" (Caballero 2013, 260).

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales se prohíbe toda discriminación que menoscabe la dignidad humana. El artículo 4, por su parte, consagra la igualdad entre hombres y mujeres y sienta las bases para combatir cualquier forma de desigualdad estructural. Sin embargo, la realidad demuestra que las mujeres enfrentan barreras significativas para ejercer plenamente estos derechos, especialmente en contextos de divorcio y violencia de género.

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece mecanismos para proteger a las mujeres en situaciones de violencia, pero su implementación enfrenta retos prácticos. Muchas veces, las medidas de protección no consideran la importancia de garantizar la permanencia de las mujeres en el hogar conyugal, dejándolas en situación de vulnerabilidad extrema. Este vacío legal y operativo perpetúa la invisibilidad de la violencia de género en los procesos judiciales de divorcio. El divorcio en México puede ser una experiencia altamente conflictiva y, cuando está acompañado de violencia de género, se convierte en un escenario de extrema desigualdad. Las mujeres no solo enfrentan violencia psicológica, física o económica, sino que también son despojadas de su derecho a un hogar seguro. Este desalojo forzoso, a menudo llevado a cabo por los esposos bajo la justificación de la titularidad de la propiedad, invisibiliza las contribuciones no económicas de las mujeres al patrimonio familiar, como el trabajo doméstico y de cuidados.

 

La invisibilidad de esta forma de violencia perpetúa la desigualdad de género y la revictimización, ya que las mujeres se ven obligadas a buscar refugio en albergues, viviendas temporales o con familiares, muchas veces llevando consigo a sus hijos e hijas. Esto no solo afecta su bienestar emocional, sino que también limita su capacidad de reconstruir sus vidas con independencia y dignidad.

 

Mencionar que algunas mujeres han decidido no encajar en un molde establecido, algunas cultas y otras más despojadas de los bienes familiares eran obligadas a vagar por la calle. Todas ellas mujeres que no querían creer en la amenaza de la iglesia ni llevar una vida puritana o bien que se negaban a aceptar la versión de las niñas afligidas, estas fueron las historias de los secretos de las brujas de Salem (Vera 2022, 6) y en ocasiones, a las mujeres que no queremos seguir esos patrones de violencia y patriarcado, impuesto por la sociedad mexicana, nos segregan del grupo al que pertenecemos. Las propias mujeres y hombres, incluso, dicen para ti que todo es violencia, pero lo importante es darte cuenta de lo que te incomoda y alzar la voz.

 

Dicho lo anterior, resulta imprescindible profundizar en el problema central: la normalización de la violencia económica y patrimonial, una forma de control que, aun cuando es menos visible, está intrínsecamente ligada a las dinámicas de género previamente expuestas. Mientras la violencia de género en su expresión física o psicológica ha comenzado a ganar atención en el discurso público, la económica y patrimonial permanece relegada, perpetuando desigualdades que se justifican a través de narrativas culturales y prácticas legales obsoletas. Esta violencia, que priva a las mujeres de recursos básicos y acceso equitativo al patrimonio, no solo refuerza la dependencia económica hacia sus parejas, sino que también impide que las mujeres ejerzan su derecho pleno a la autonomía. En este contexto, las estructuras que invisibilizan estas formas de abuso no son meros vestigios del pasado, sino sistemas vivos que deben ser transformados, esto subraya la necesidad de analizar con mayor detalle las barreras que perpetúan esta problemática y los caminos para desmantelarlas.

 

 

3. El problema central: La normalización de la violencia económica y patrimonial

 

La violencia económica y patrimonial, aunque reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sigue siendo una de las formas menos visibilizadas y atendidas de violencia de género. En el contexto del matrimonio y el divorcio, esta problemática se intensifica: muchas mujeres, especialmente aquellas que no han tenido acceso a trabajos remunerados, enfrentan la pérdida del hogar conyugal y de los bienes acumulados durante el matrimonio. En la mayoría de los casos, las propiedades están registradas únicamente a nombre del esposo. De esta forma, tras el divorcio, se deja a las mujeres sin recursos ni alternativas para reconstruir sus vidas.

 

Este fenómeno refleja una narrativa social que subestima y devalúa las contribuciones no económicas de las mujeres, como el trabajo doméstico y de cuidados, fundamentales para el sostenimiento del hogar y el bienestar de la familia. La normalización de esta forma de violencia se perpetúa en los espacios judiciales, donde los procesos legales son largos, burocráticos y, en muchos casos, insensibles a la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Esto no solo limita el acceso a la justicia, sino también refuerza la idea de que las mujeres deben aceptar esta desigualdad como algo natural e inmutable. De igual manera, es importante destacar a las mujeres que tienen puestos medios o altos y viven en entornos donde existe una invisibilidad de la violencia de género debido a que sus parejas no las impulsan a salir adelante, a estudiar más, a tener otros trabajos. Otras, incluso, llegan a percibir ingresos superiores a sus parejas y en ocasiones las violentan emocionalmente y eso les deja marcas en su vida para salir adelante y baja su autoestima. “Aún en el respeto de los dioses, la religión deja de ser la referencia a la hora de explicar, de salvar los fenómenos; aún en el respeto de quien enseñó a pensar, la exigencia fundamental es hacerlo con voz propia” (Gómez 2015, 27).

 

Simone de Beauvoir, en su análisis del "ser para otros" frente al "ser para sí", describe cómo las mujeres han sido históricamente condicionadas a definirse en función de las necesidades y expectativas de los demás, especialmente de sus familias. En este contexto, las mujeres en México priorizan el bienestar de sus hijos y cónyuges, muchas veces sacrificando sus propios derechos y aspiraciones. Esta autoanulación no es una elección libre, sino una respuesta a un sistema que premia la sumisión y penaliza la autonomía femenina. La virtud a desarrollar ante el desengaño del matrimonio perfecto por parte de la mujer es la paciencia. La esposa como se establece en la sociedad patriarcal mexicana debe ser, compresiva ante todo y sobre todo, paciente. Aunque esto último puede ser sólo un espejismo, un autoengaño que flagela el interior: “…tantas cóleras reprimidas, semejante esfuerzo para guardar las apariencias de serenidad” (Beauvoir, 2003, p. 119).

 

En el caso de los divorcios, este condicionamiento se traduce en una aceptación resignada de la pérdida del hogar y de los bienes patrimoniales, bajo la idea de que "es lo correcto" o "es lo que toca". “La facultad de querer o desear no es racional. Kant así lo cree y lo defiende con todos sus recursos intelectuales” (Sole 2015,91). Es decir, de pronto este problema no solo afecta a las mujeres en lo individual, sino que también perpetúa un sistema de desigualdad estructural que impacta a generaciones futuras, reforzando la dependencia económica y emocional hacia los hombres.

 

El acceso a una vivienda digna y decorosa, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las mujeres, independientemente de su situación económica o marital. Empoderar a las mujeres mediante el acceso a una vivienda no solo les proporciona un espacio seguro, sino que también les otorga las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas con autonomía y dignidad. Es fundamental que las políticas públicas promuevan este empoderamiento desde una perspectiva transformadora, reconociendo a las mujeres no como receptoras pasivas de ayuda, sino como agentes activas de cambio. Al garantizar el acceso a una vivienda digna y procesos judiciales equitativos, se envía un mensaje claro: las mujeres tienen derecho a ser para sí mismas, a vivir con dignidad y a tomar el control de su propio destino.

 

La desigualdad de género en el ámbito económico y patrimonial sigue siendo una de las problemáticas más persistentes y difíciles de erradicar en México. A pesar de los avances legislativos y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a recursos, oportunidades y derechos fundamentales, como es la posibilidad de adquirir una vivienda digna. Este análisis explora conceptos como el techo de cristal y el piso pegajoso; evidencian las limitaciones sistémicas hacia las mujeres que se enfrentan en el mercado laboral y su impacto en la construcción de su independencia económica.El concepto de "techo de cristal", popularizado por autores como Marilyn Loden (1978), describe las barreras invisibles que impiden a las mujeres ascender a posiciones de liderazgo y toma de decisiones en el ámbito profesional. Estas barreras no son explícitas, sino que están profundamente arraigadas en normas culturales, prejuicios de género y prácticas laborales desiguales. Por otro lado, el "piso pegajoso", como lo han analizado autores como Catherine Hakim (2000), hace referencia a cómo las mujeres quedan atrapadas en empleos de baja remuneración y limitada movilidad laboral debido a roles de género tradicionales, como la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados.

 

En México, estas dinámicas se reflejan en una brecha salarial persistente; aunque la Constitución, en su artículo 123, establece que "a trabajo igual corresponde salario igual", datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) muestran que las mujeres ganan, en promedio, un 18% menos que los hombres. Esta desigualdad se agrava cuando consideramos prácticas de outsourcing o subcontratación, donde muchas trabajadoras son registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con salarios inferiores a los que realmente perciben. Estas prácticas no solo limitan su capacidad para acceder a beneficios laborales justos, sino que también obstaculizan su acceso a créditos hipotecarios, perpetuando un círculo de exclusión económica.

 

El acceso a la vivienda es un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución Mexicana (artículo 4) y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Sin embargo, este derecho se encuentra lejos de ser universal para las mujeres mexicanas. La subvaluación económica, derivada de brechas salariales, outsourcing y prácticas discriminatorias, limita su capacidad de cumplir con los requisitos financieros exigidos por instituciones bancarias y programas gubernamentales de vivienda.

 

En muchos casos, las mujeres dependen del ingreso familiar masculino para acceder a una vivienda, perpetuando su dependencia económica. Este fenómeno no solo las deja en una posición vulnerable en casos de divorcio o violencia patrimonial, sino que también las excluye de un importante medio de empoderamiento: la posibilidad de tener un espacio propio que represente seguridad y autonomía. Como argumenta Amelia Valcárcel (2001) "la independencia económica es la base sobre la que descansa cualquier lucha por la igualdad". Sin esta base, las mujeres continúan relegadas a un papel secundario en la esfera económica. El problema de la desigualdad en el acceso a la vivienda no puede entenderse de manera aislada; está profundamente interconectado con otras formas de discriminación estructural. A nivel laboral, las mujeres enfrentan no solo brechas salariales, sino también un acceso limitado a beneficios como créditos de Infonavit y Fovissste, los cuales dependen de cotizaciones salariales que, en muchos casos, están subvaluadas. Además, las mujeres en empleos informales, que representan un 56.3% de la población femenina ocupada (INEGI, 2023), quedan totalmente excluidas de estos esquemas de apoyo habitacional.

 

En este contexto, las prácticas de outsourcing agravan el problema. Aunque esta figura fue reformada recientemente para limitar su abuso, muchas empresas continúan registrando a trabajadoras con salarios menores a los reales, afectando su capacidad de ahorro para el retiro y su elegibilidad para créditos hipotecarios. Esto genera un círculo vicioso: las mujeres, que ya enfrentan barreras para acceder a empleos formales y bien remunerados, son empujadas aún más hacia la exclusión económica y patrimonial.

 

La vivienda no es solo un bien material; es un espacio de seguridad, estabilidad y autonomía. Para las mujeres, representa una herramienta clave para romper con patrones de dependencia económica y violencia patrimonial. Sin embargo, garantizar este derecho requiere de una intervención estructural que ataque las causas profundas de la desigualdad. La vivienda es un pilar fundamental para la estabilidad y autonomía de las personas. En México, garantizar el acceso a una vivienda digna y segura para las mujeres es una tarea urgente y compleja, particularmente cuando enfrentan barreras estructurales como la violencia económica, la desigualdad salarial y la precariedad laboral. A pesar de los avances logrados a través de programas como Unamos Créditos del Infonavit, es imprescindible ampliar las estrategias hacia esquemas más inclusivos que fortalezcan no solo la copropiedad, sino también el acceso a créditos para compra, construcción y remodelación en áreas urbanas consolidadas como la Ciudad de México y la zona metropolitana. Es necesario reflexionar sobre las políticas públicas necesarias para atender esta problemática y tratar de incorporar iniciativas del Infonavit y Fovissste, así como el rol clave de la banca privada, todo bajo la premisa de que la vivienda debe ser un derecho efectivo y no un privilegio limitado a quienes tienen altos ingresos o empleos formales. Además, destaca cómo la violencia patrimonial y la exclusión económica impactan de manera desproporcionada a las mujeres, perpetuando un ciclo de dependencia y desigualdad.

 

La violencia económica y patrimonial, como una de las formas más insidiosas de control, no solo limita el acceso de las mujeres a recursos y derechos fundamentales, sino que también encuentra un aliado en las narrativas culturales que refuerzan la dependencia. Entre estas narrativas, el amor romántico desempeña un papel central al perpetuar la idea de que la estabilidad emocional y material de las mujeres debe girar en torno a su relación con una pareja masculina. Así, mientras la violencia patrimonial las despoja de bienes materiales y oportunidades, el amor romántico refuerza la sumisión emocional, justificando la permanencia en relaciones desiguales bajo el ideal de la unidad familiar o el sacrificio por los hijos. En este punto, es crucial analizar cómo el amor romántico, lejos de ser una expresión inocua, se convierte en un mecanismo cultural que naturaliza la dependencia, alimentando un sistema que coarta la autonomía femenina y perpetúa ciclos de desigualdad estructural. A continuación, profundizaremos más al respecto.

 

4. El amor romántico: una narrativa que perpetúa la dependencia

 

El concepto del amor romántico, profundamente arraigado en la cultura mexicana, ha funcionado durante siglos como un modelo de realización femenina que vincula la felicidad de la mujer a la vida en pareja. Este paradigma, alimentado por los medios de comunicación, las tradiciones y los estereotipos de género, perpetúa la idea de que el éxito y la seguridad de una mujer dependen de su capacidad para establecer y mantener relaciones amorosas. En este esquema, el acceso a la vivienda muchas veces queda subordinado a la figura masculina como proveedor principal, lo que refuerza un modelo de dependencia económica.

 

Es importante mencionar que cada sentimiento y emoción del ser humano se vinculan a una vibración en específico, es decir, el amor vibra de una manera bonita tierna romántica sin embargo el miedo produce una onda distinta, algo que incomoda y deja ser feliz. Aquí es muy probable sentir energías positivas versus negativas: cuando alguien abraza con cariño, a diferencia de cuando se percibe algo muy distinto porque esos abrazos se convierten en pellizcos, en agresiones sutiles que impiden darse cuenta del momento en que se empieza a detectar que algo no está bien. Las agresiones sutiles invisibilizan el momento de dejar de justificar lo que hizo la otra persona, ya fuera porque tuvo un mal día o porque la persona afectada no hizo lo que la persona agresora quería, esto hace difícil detectar el momento cuando entra la manipulación (Vera, 2022, 40).

 

Sin embargo, este ideal no solo limita las aspiraciones de las mujeres, sino que las condiciona a aceptar relaciones desiguales e incluso violentas para garantizar su estabilidad material. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), más del 40% de las mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito doméstico. La falta de acceso a una vivienda propia contribuye a que muchas permanezcan en relaciones abusivas, ya que no cuentan con un espacio seguro donde puedan reconstruir sus vidas lejos del agresor.

 

El acceso a la vivienda, por tanto, no es solo un logro económico, sino una ruptura simbólica con esta narrativa. Una mujer que posee su propia vivienda tiene la capacidad de redefinir sus prioridades, alejándose del amor romántico como centro de su existencia y colocando su bienestar y autonomía en el corazón de su proyecto de vida. En este sentido, la vivienda se convierte en un refugio literal y figurado, donde las mujeres pueden reconectarse consigo mismas y construir un futuro basado en sus propios términos. En las sociedades patriarcales, el rol de la mujer ha sido históricamente definido como el de "ser para otros," es decir, su identidad está construida en función de su capacidad para cuidar, proveer y servir a los demás, ya sean parejas, hijos, padres u otros familiares. Este rol, aunque profundamente internalizado, limita las aspiraciones personales y profesionales de las mujeres, relegando sus propias necesidades a un segundo plano.

 

La adquisición de una vivienda propia es una forma de subvertir esta narrativa. Al ser propietarias, las mujeres dejan de ser exclusivamente cuidadoras o dependientes y se convierten en agentes activas de su propio destino. La vivienda propia simboliza la capacidad de una mujer para priorizar sus necesidades, establecer sus propios espacios y construir una identidad que no dependa de la validación externa. Romper la definición literaria que daba Salvador Díaz Mirón en relación con el papel del hombre y la mujer en este mundo: confórmate mujer/ hemos venido/ a este valle de lágrimas que abate/ tú como la paloma para el nido/ yo como el león para el combate. El poema de Díaz Mirón refleja una concepción profundamente arraigada en la cultura mexicana, donde la mujer es destinada al ámbito privado, al refugio del hogar y a la perpetuación de la vida, mientras que el hombre es exaltado como el guerrero, el protector y el actor principal de la historia. Esta división de roles, no es solo limitante, también legitima la subordinación de las mujeres y normaliza la violencia como parte de la experiencia humana. La paloma, frágil y dependiente, necesita protección; el león, fuerte y agresivo, tiene el poder de decidir, incluso sobre la vida de la paloma.

 

En este esquema, la violencia de género no solo es aceptada, sino también esperada. Los feminicidios, el abuso doméstico, la violencia económica y psicológica, y la discriminación sistemática son todos fenómenos que encuentran su raíz en estas narrativas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 3,762 mujeres fueron asesinadas en 2022 en México, y muchas de estas muertes ocurrieron en contextos donde la cultura del "león" ejerce su control sobre la "paloma." Este sistema, que presenta al hombre como el actor central y a la mujer como un accesorio en su historia, alimenta un ciclo de violencia que se perpetúa generación tras generación.

 

El amor romántico, profundamente enraizado en la cultura mexicana, no solo perpetúa la dependencia emocional y económica, sino que también condiciona las aspiraciones de las mujeres al vincular su realización personal con el sostenimiento de relaciones amorosas, muchas veces desiguales y hasta violentas. Este paradigma refuerza la narrativa de que el acceso a la vivienda y la estabilidad material deben depender de la figura masculina, limitando las posibilidades de autonomía para las mujeres. Sin embargo, romper con esta narrativa implica reconfigurar la relación entre las mujeres y su derecho a una vivienda propia, transformándola en una herramienta clave para su empoderamiento. Contar con un hogar propio no solo les otorga seguridad y estabilidad, sino que también redefine su rol en la sociedad, alejándolas de ser dependientes y posicionándolas como agentes activas de su destino. En este sentido, es crucial analizar las ventajas y beneficios concretos que trae consigo la adquisición de una vivienda, entendida no solo como un bien material, sino como un acto simbólico de independencia y una oportunidad de reconstruir sus vidas desde la autonomía y la dignidad.

 

5. Ventajas y beneficios para las mujeres de la adquisición de su vivienda

 

La implementación de esta política pública tendrá un impacto transformador en la vida de las mujeres mexicanas. Al garantizar su derecho a permanecer en el hogar conyugal, se elimina una de las barreras más significativas para su empoderamiento, proporcionándoles un entorno seguro desde el cual reconstruir sus vidas. “Ningún hombre feliz puede caer en la desgracia, porque nunca llevará a cabo actos odiosos y viles” (López, 2024, 303). Además, se fomenta la equidad en la distribución del patrimonio, reconociendo el valor de las aportaciones no económicas al matrimonio.

 

En términos sociales, esta medida contribuirá a la reducción de la revictimización y a la promoción de una igualdad de género efectiva, sentando un precedente en la lucha contra la violencia estructural. Desde una perspectiva económica, empoderar a las mujeres mediante la seguridad habitacional fortalece su capacidad de participación en la economía y promueve la estabilidad social.

 

En la actualidad, México enfrenta una deuda histórica en materia de igualdad de género y protección de los derechos fundamentales de las mujeres. En el contexto de los divorcios, esta problemática se vuelve especialmente evidente cuando las mujeres, al no ser las principales proveedoras económicas del hogar, se ven despojadas de su derecho a una vivienda digna debido a que las propiedades se encuentran registradas a nombre de sus cónyuges.

 

Este ensayo aborda esta situación desde una perspectiva académica, apelando a la responsabilidad de la Cámara de Diputados para coadyuvar a implementar políticas públicas que garanticen justicia, equidad y empoderamiento para las mujeres en estos casos. También considero que es importante señalar y enfocarnos en el amor propio y el autocuidado de las mujeres porque en ocasiones sí tienen las propiedades a su nombre y no son capaces de correr al esposo y sufren la invisibilidad de la violencia de género para que ellas puedan estar en un espacio seguro donde se sientan tranquilas y vivan felices; pero eso es reforzar nuevamente que ellas pueden hacer las cosas sin depender emocional y económicamente del otro, desafortunadamente a veces si tienen la parte económica pero no se fortalece la parte emocional y se crean lazos de codependencia que hacen que no avancen a ser libres y autónomas. “En cuanto nos vio Jantipa, se puso a gritar, como acostumbran a hacer las mujeres... Sócrates, dirigiendo una mirada a Critón, le dijo: Critón, que alguien se la lleve a casa” (Collina 2016, 47).

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa". Este precepto se encuentra directamente vinculado al derecho humano a una vida digna, y es esencial para garantizar la estabilidad emocional, social y económica de las personas. Sin embargo, en el contexto de los divorcios, muchas mujeres son desalojadas de su hogar, a pesar de haber contribuido significativamente al bienestar familiar a través de trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos, las labores del hogar y el apoyo emocional a sus parejas. Esta situación refleja una brecha estructural que perpetúa la desigualdad de género y priva a las mujeres de una red de protección fundamental en momentos de vulnerabilidad. Además, subraya la invisibilización de las contribuciones no económicas en el ámbito conyugal, lo que dificulta el acceso equitativo a los bienes acumulados durante el matrimonio.

 

Considero que adicional de la parte económica, se deben crear políticas públicas para que las mujeres puedan nuevamente reforzar la autonomía y autoestima que genere una valía donde ellas puedan salir adelante después de un proceso de divorcio, incluso se tomen en cuenta para sí y ya no para el ser para otros. La mujer idónea es aquella que sabe callar: “A veces oculto a André caprichos, nostalgias, inquietudes menores” (Beauvoir, 2003, p. 9). El marido y el hijo son los axis mundi de la protagonista. Es a ellos a quienes se les debe todo honor y veneración. La certidumbre de la existencia radica en el compromiso que se tiene en la relación, desigual, esposo/esposa o hijo/madre. La estabilidad emocional de la mujer depende, en un sentido meramente posesivo, de las figuras masculinas. Mientras cree tenerlos, no importa lo que pueda suceder en el mundo; pero si hay un distanciamiento emocional, la protagonista empieza a caer en la desesperación, su ser siente una fisura irreparable y rehúsa aceptar tal situación, llegando a exclamar: “…no quiero creer que Philippe haya dejado de pertenecerme” (Beauvoir, 2003, p. 11). “Wittgentsein pensaba que ver – como superaba la mera percepción y que por ese motivo es como ver y como no ver” (Carmona 2015, 97). En muchos casos, las propiedades adquiridas durante el matrimonio están registradas únicamente a nombre del esposo, una práctica que responde a dinámicas históricas de desigualdad económica y cultural. Las mujeres que no figuran como copropietarias en los registros de bienes inmuebles quedan desprotegidas en procesos de divorcio, incluso cuando han participado activamente en la construcción del patrimonio familiar.

 

Esta situación no solo viola los principios de igualdad y justicia, sino que también perpetúa la dependencia económica y emocional de las mujeres hacia sus cónyuges. En lugar de permitir que las mujeres avancen hacia una vida autónoma y plena, las empuja a vivir bajo la sombra de un sistema patriarcal que las invisibiliza y las deja sin herramientas para reconstruir su vida. Es fundamental cambiar la narrativa que ha relegado a las mujeres a roles secundarios en el ámbito familiar y económico. Las mujeres no solo tienen la capacidad, sino también el derecho de construir un futuro libre de dependencia y violencia. Al garantizarles el acceso a una vivienda digna y decorosa, se les brinda una herramienta poderosa para avanzar hacia la autonomía y el empoderamiento.

 

Esta política pública no solo protegerá a las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad, sino que también enviará un mensaje claro: México reconoce la importancia de las mujeres como pilares de la sociedad y está comprometido a garantizar su igualdad y dignidad. Es tiempo de actuar, de cerrar las brechas de desigualdad y de construir un país donde todas las mujeres puedan vivir con seguridad, justicia y autonomía.

 

En México, la violencia económica y patrimonial contra las mujeres es un fenómeno profundamente arraigado, tan normalizado que, en muchos casos, pasa desapercibido tanto en la esfera pública como en los espacios judiciales. Esta forma de violencia, que implica el control y la limitación de recursos económicos y patrimoniales, no solo despoja a las mujeres de su autonomía, sino que también perpetúa la desigualdad de género en todos los niveles de la sociedad. Al analizar el problema desde la perspectiva del "ser para otros" frente al "ser para sí" planteada por Simone de Beauvoir, se revela cómo las mujeres han sido históricamente condicionadas a priorizar a sus familias por encima de sus propios derechos y necesidades, consolidando así un sistema que las invisibiliza como agentes de cambio y empoderamiento. (Beauvoir, 2003, p. 17).

 

Garantizar el acceso de las mujeres a una vivienda digna y decorosa, especialmente en contextos de divorcio y violencia económica, no solo responde a un principio de justicia, sino que también permite reconstruir sus vidas con autonomía y dignidad. Sin embargo, para superar las desigualdades estructurales que perpetúan su dependencia económica y emocional, es necesario replantear los esquemas tradicionales de propiedad y acceso a la vivienda. Aquí es donde la importancia de la copropiedad y los nuevos modelos habitacionales adquiere relevancia. Al reconocer las contribuciones no económicas de las mujeres y al implementar políticas públicas inclusivas, como los programas de copropiedad que permiten unir esfuerzos con familiares o amigos para adquirir un bien inmueble, se abre una ventana de oportunidades para garantizarles mayor seguridad habitacional y equidad patrimonial. Estos esquemas, además de adaptarse a las realidades económicas de muchas mujeres, permiten reconfigurar la narrativa histórica de dependencia hacia un modelo que fomenta la colaboración y la participación activa en el mercado inmobiliario, marcando un paso crucial hacia la igualdad de género y el empoderamiento real.

 

6. La importancia de la copropiedad y los nuevos esquemas de vivienda

 

El programa Unamos Créditos del Infonavit ha marcado un precedente importante al permitir que las mujeres unan sus créditos con familiares o amigos, sin necesidad de vínculos legales o sanguíneos, para adquirir una propiedad en copropiedad. Esta iniciativa reconoce la diversidad de estructuras familiares y sociales, brindando a las mujeres mayores posibilidades de acceso a la vivienda. Sin embargo, el alcance de este programa aún es limitado. Aunque se ha logrado facilitar el acceso a propiedades en zonas urbanas, muchas mujeres y familias terminan adquiriendo viviendas en la periferia, donde los servicios básicos son insuficientes y las oportunidades laborales escasas. Estas áreas, conocidas como "ciudades dormitorio", perpetúan la desigualdad, ya que las largas distancias hacia los centros urbanos incrementan los costos de transporte, reducen el tiempo disponible para la vida familiar y laboral, y afectan negativamente la calidad de vida.

 

Para revertir esta tendencia, es crucial que las políticas públicas promuevan la copropiedad en áreas urbanas consolidadas, como la Ciudad de México y la zona metropolitana, con acceso a servicios básicos, transporte público eficiente y oportunidades laborales.

 

El Fovissste, que históricamente ha atendido a trabajadores del sector público, tiene un enorme potencial para sumarse a estas estrategias de inclusión habitacional. Hasta ahora, sus esquemas de crédito han sido limitados en cuanto a flexibilidad para mujeres en situaciones de vulnerabilidad o empleos precarios. La violencia patrimonial, que incluye la retención de bienes, ingresos o propiedades, priva a las mujeres de recursos básicos para su autonomía y bienestar. En muchos casos, esta violencia ocurre dentro del hogar, un espacio que debería ser de protección y seguridad. En México, el acceso a una vivienda digna no solo representa un espacio físico, sino también un símbolo de seguridad y empoderamiento. Sin embargo, las prácticas de violencia patrimonial, sumadas a las barreras estructurales como la desigualdad salarial y la precarización laboral, perpetúan la exclusión de las mujeres en el ámbito patrimonial.

 

7. Conclusiones

 

El derecho a la vivienda para las mujeres en México se perfila como un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Sin embargo, su realización enfrenta desafíos significativos que requieren un enfoque integral y la implementación de políticas públicas transformadoras. Este artículo ha identificado tres áreas clave para abordar esta problemática: la garantía de seguridad habitacional, la promoción de la copropiedad y el desarrollo de esquemas de financiamiento inclusivos; todas orientadas a superar las barreras estructurales y culturales que perpetúan la dependencia económica y emocional de las mujeres.

 

En primer lugar, es imprescindible reforzar los marcos legales para garantizar que las mujeres puedan permanecer en el hogar conyugal durante procesos de divorcio, independientemente de la titularidad de la propiedad. Esto requiere reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asegurando que las medidas de protección incluyan el derecho a una vivienda segura. Además, es necesario visibilizar y reconocer las contribuciones no económicas de las mujeres al patrimonio familiar, como el trabajo doméstico y de cuidados, para garantizar una distribución equitativa de los bienes en casos de separación.

 

En segundo lugar, la promoción de la copropiedad y los nuevos esquemas de vivienda resulta esencial para abrir oportunidades habitacionales a las mujeres. Programas como "Unamos Créditos" del Infonavit han demostrado ser un paso en la dirección correcta, pero es necesario ampliarlos, integrando mecanismos que prioricen a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Asimismo, se deben fomentar proyectos de vivienda cooperativa y en zonas urbanas consolidadas, asegurando el acceso a servicios básicos, transporte y oportunidades laborales, elementos clave para la estabilidad económica y la calidad de vida.

 

Finalmente, es crucial desarrollar políticas públicas que incluyan programas de financiamiento accesibles, tasas preferenciales y subsidios dirigidos a mujeres en empleos informales o precarios, así como educación financiera para empoderarlas en la administración de sus recursos. Esto debe ir acompañado de campañas informativas que desmantelen los estereotipos de género asociados con la propiedad de vivienda, promoviendo un cambio cultural hacia la equidad en el acceso a recursos patrimoniales.

 

En conclusión, garantizar el derecho de las mujeres a una vivienda digna no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia transformadora que les permite romper con ciclos de violencia y dependencia, construir su autonomía y contribuir activamente al desarrollo económico y social de México. La implementación de estas propuestas representa un compromiso tangible para cerrar las brechas de desigualdad y avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa, en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar su potencial como agentes de cambio.

 

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